El pasado día 6 de octubre de 2021, el Abogado de este Despacho de Huesca, defendió con éxito ante un Tribunal académico de la Universidad Internacional de La Rioja en Logroño, su trabajo fin de máster titulado “La Responsabilidad Civil y Administrativa derivada del accidente de Trabajo. Una visión desde el punto de vista del empresario”.
Dicho trámite universitario, permite a nuestro Letrado obtener el título de experto en Derecho Laboral y de la Seguridad Social, de un curso académico de duración.
El tema elegido, deriva de la preocupación de Atarés Abogados por las consecuencias económica y de toda índole que vienen afectando a las empresas, por la imposición de sanciones y recargos de prestaciones por parte de la Inspección de Trabajo, y las posibilidades de minimizar dicho riesgo empresarial.
El importe medio de los recargos de prestaciones en España es de 150.000 €, y según las estadísticas en 2019 (último año que se dispone de estadísticas oficiales) se levantaron en España 89.230 actas, con un importe de sanciones de 309.161.837,78 euros. En el mismo año, se iniciaron 1.836 expedientes de recargo de prestaciones.
Ante la difícil situación de las empresas españolas derivada de la Covid-19, la ausencia de ayudas económicas efectivas, y además la poca predisposición de la Agencia Tributaria y la Tesorería General de la Seguridad Social a conceder aplazamientos de pago, se sostiene en el citado trabajo que la situación legal y judicial de este tipo de expedientes es una losa demasiado pesada, que puede obligar al cierre de muchas empresas. En España en torno a un 98% de las empresas son fundamentalmente micro pymes, con menos de diez trabajadores, y si a esto se le añade la cuantía media de ese recargo -150.000 €-, hace que muchas de las empresas afectadas se vean abocadas a una situación de insolvencia, y cierre empresarial.
Como se indica por el Abogado Sr. Atarés en su trabajo, la figura del recargo de prestaciones no existe en la mayoría de los países europeos, excepto Portugal, y además se trata de un riesgo no asegurable por imperativo legal.